Miguel Villegas, oriundo del Estado Anzoátegui de
Venezuela, ha encontrado en Cuenca un hogar para él y su familia compuesta por
ocho miembros. Hace un año y medio llegaron a la ciudad, buscando estabilidad y
un futuro mejor.
Sin embargo, como muchos de sus compatriotas, se enfrentan
a la incertidumbre de no estar regularizados. «Todos en la familia tenemos
nuestro registro migratorio, pero no contamos con la visa. Ahora, con el nuevo
decreto, queremos acceder a la amnistía migratoria «, expresa Miguel con una
mezcla de esperanza y urgencia.
La regularización no solo representa un pedazo de papel;
significa la posibilidad de un empleo digno, un paso hacia la estabilidad,
aportar “su granito de arena en la ciudad”, acceder a salud, educación e
inclusión en el sistema financiero.
«Muchas veces buscamos trabajo, pero al no estar en
situación regular, no nos contratan. Esto nos facilitaría conseguir empleos más
dignos«, comenta Miguel, quien es cabeza de su familia que incluye a su esposa,
sus hijos -la más pequeña nacida en Cuenca- y su suegra.
«Estamos agradecidos con Cuenca. No todos los venezolanos
somos malos; hay muchas personas buenas que estamos buscando un trabajo digno
para aportar a la ciudad y al país».
Amnistía migratoria
El Gobierno Nacional, mediante decreto, decidió «otorgar
amnistía migratoria y establecer un proceso extraordinario de regularización
para personas de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana y su
grupo familiar».
Ecuador es el quinto país con mayor comunidad venezolana.
Registra 444.800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile. Estos
datos se desprenden de un informe reciente publicado por la Plataforma de
Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
Como Miguel y su familia, muchos venezolanos han dejado su
país debido a la crisis política. A ellos la situación los trajo a Cuenca,
donde ya contaban con familiares que les dieron un apoyo inicial. «Pensábamos
en algún día regresar, pero viendo cómo está la situación, queremos
documentarnos. Ya es difícil que volvamos», admite con tristeza.
Entornos familiares
Karla Sánchez, directora de la Fundación Give Refugees A
Chance (GRACE) destacó la importancia de este nuevo proceso que incluye a
familias que ya estaban en el país y que no se pudieron regularizar en
programas anteriores.
“Es un gran apoyo porque permite usar la cédula venezolana
o el pasaporte, incluso si están caducados. Son documentos difíciles de
obtener, debido al cierre de los consulados y de la embajada venezolana en
Ecuador», explicó Sánchez.
El programa ya genera expectativas entre la comunidad
venezolana. Las organizaciones han instado a los migrantes a no esperar hasta
el último momento para reunir los requisitos necesarios para la amnistía
migratoria.
Las carteras de Estado y entidades involucradas tienen
entre uno y dos meses para dictar las normativas secundarias para la aplicación
de la norma.
«El llamado es a los compatriotas para que aprovechen esta
oportunidad», aseguró Sánchez y subrayó que la migración venezolana, lejos de
detenerse, es un fenómeno continuo ante la crisis.
La directora de GRACE recordó que el formulario de la
solicitud para el registro será gratuito, pero los migrantes venezolanos
deberán cubrir el valor de la visa, que es de 50 dólares y de la cédula de
ciudadanía emitida por el Registro Civil.
Entre 2022 y 2023, los venezolanos accedieron al Visado de
Residencia Temporal de Excepción (VIRTE). Sin embargo, en septiembre de 2024
comienza a vencer su vigencia.
Según datos de la Cancillería, desde 2022, alrededor de
94.000 venezolanos accedieron a una Visa de Residencia Temporal, 72.300
llegaron a obtener la cédula de identidad ecuatoriana y 34.000 lograron obtener
una residencia permanente.
Requisitos y reglas para aplicar al VIRTE II
El Decreto Ejecutivo 370 para la amnistía migratoria
emitido el pasado 23 de agosto, establece que el beneficio es para el grupo
familiar. Esto es, cónyuge o conviviente de unión de hecho, así como hijos
menores o de cualquier edad con discapacidad y que dependan de la persona que
se está regularizando.
La nueva legalización favorecerá a venezolanos y grupos
familiares que tengan un certificado de permanencia migratoria caducado, que no
hayan obtenido antes la Visa de Residencia Temporal por Excepción (VIRTE) y que
no sean considerados “una amenaza o riesgo para la seguridad pública”.
Se les entregará la VIRTE II. Tendrá una vigencia de dos
años y podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo periodo, sin
perjudicar el hecho de que el solicitante pueda cambiar en ese periodo su
estatus migratorio.
El proceso de regularización extraordinario tendrá una
duración de ocho meses.
Las personas podrán utilizar documentos de identidad
venezolanos de hasta cinco años después de la fecha de su vencimiento o la de
su prórroga.
La amnistía migratoria significa que los venezolanos en
situación irregular no tendrán que pagar la multa prevista por la Ley Orgánica
de Movilidad Humana, que se aplica a quienes no han obtenido una visa y deben
pagar antes de obtener el documento.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) debe
apoyar el proceso de regularización y reforzar la «amnistía migratoria» para
niños y adolescentes venezolanos que estén «solos, no acompañados o separados».
En caso de que exista un flujo migratorio inusual, el
decreto aclara que este proceso de amnistía será exclusivo para quienes cumplen
con los requisitos.
El Ministerio del Interior recibirá alertas del Centro de
Inteligencia Estratégica en coordinación con la Policía Nacional para
determinar el riesgo o amenaza a la seguridad que pueda representar algún
solicitante.
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