Niños de entre 11 y 15 años tomaron las armas para cuidar
de su comunidad, en el municipio José Joaquín de Herrera del estado de
Guerrero, sur de México, mientras un grupo de adultos ha salido a buscar a una
familia desaparecida desde el pasado 19 de enero.
Este miércoles en la comunidad indígena de Ayahualtempa,
municipio de José Joaquín de Herrera, ubicado en región centro de Guerrero,
integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos
Fundadores(CRAC-PF) tomaron protesta como integrantes a un grupo de 5 niñas y
15 niños, a quienes «armaron», aunque algunos solo tenían carrizos a manera de
rifles.
El integrante de la CRAC-PF, Luis Morales Rojas, miembro
del Consejo del Gobierno Náhuatl, dijo que los jóvenes de mayor edad se
integrarán a la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que fue secuestrada
el pasado 19 de enero, y que los demás harán labores de vigilancia.
A los niños, contó, se les capacitó en el manejo de armas
como rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas.
En el acto llevado a cabo durante la asamblea a la que
asistieron la mayoría de los cerca de 1.000 asistentes de origen nahua,
exigieron al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a la
gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que ayuden a la localización de la
familia indígena.
La familia está integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de
50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y
Gaudencio, de 30 y 22 años, quienes el 19 enero fueron secuestrados en el punto
conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.
En la cancha deportiva del poblado los menores, la mayoría
con rifles y escopetas, aunque algunos solo con carrizos, mostraron movimientos
de entrenamiento armado.
La decisión de integrar a menores a la CRAC-PF fue decisión
de la asamblea llevada a cabo el pasado lunes por el Consejo Tradicional del
Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y
la CRAC-PF, «ante el resurgimiento de la violencia» que ha permeado en municipios
colindantes con la región Montaña, de la que responzabilizan al grupo delictivo
Los Ardillos.
“Los que nos están acribillando, los que nos están
secuestrando a nuestra gente son Los Ardillos (grupo delictivo). Tenemos
conocimiento de que hay comunidades que están controladas por ellos, pero
nosotros no hemos provocado a nadie, nos provocan a nosotros, por eso pedimos a
las autoridades municipal, estatal y federal que nos apoyen con agentes de
seguridad”, expresó Morales Rojas.
Según registros de autoridades, el grupo delincuencial Los
Ardillos ha asolado en los últimos años la zona centro de Guerrero para
mantener el control contra otros grupos delictivos.
Tras la asamblea, las autoridades comunitarias reiteraron
que la actuación de su policía comunitaria es legal por lo que exigieron
respeto y que ninguna autoridad levante acusación alguna.
“Recordamos a las autoridades que la actuación de la
Policía Comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de
autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y
tratados entre los que destacan la Constitución mexicana, la Constitución del
estado de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de
Seguridad Pública de Guerrero así como el Convenio, 169, de la OIT”, indicaron.
En esa zona se ha integrado a niños a la Policía
Comunitaria por la inseguridad y violencia que viven y que ha sido
constantemente denunciada, sin que hasta ahora tengan garantías de seguridad.
En junio del 2019 a la Policía Comunitaria se integraron 19
niños y en 2020 fue presentado otro grupo de menores, que fueron
desincorporados en 2022, cuando funcionarios del gobierno federal y estatal
encabezaron una reunión en la que se comprometieron a brindar seguridad con
militares, Guardia Nacional y la Policía Estatal. EFE
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